Praxis del Cambio Social

Un espacio de encuentro para quienes se interesan en la reflexión y la acción políticas

para el cambio social en Nicaragua

 

 

Manifiesto Ciudadano

sobre la actual crisis política nicaragüense,

generada por la negociación de un nuevo pacto entre Arnoldo Alemán (PLC) y Daniel Ortega (FSLN)

 

Henry Ruiz

Mónica Baltodano

Víctor Hugo Tinoco

 

     Este pronunciamiento se divulgó durante varios días, desde el 2 de diciembre de 2003, en Radio La Primerísma, y fue firmado por numerosos ciudadanos nicaragüenses. Encabezaron la lista de firmantes, los siguientes dirigentes sandinistas:

 

– Comandante de la Revolución. Henry Ruiz H. (Modesto).

– Cdte. Mónica Baltodano.

– William Grigsby Vado.

– Víctor Hugo Tinoco.

– Cdte. Elías Noguera.

– Cdte. René Vivas Lugo.

– Julio López Campos.

 

 

      «Nosotros, ciudadanos y ciudadanas libres, sin más interés que el de defender los intereses de la Patria y del pueblo nicaragüense; inspirados en el pensamiento del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino:

El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no sólo ser oído sino también creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, la sangre india americana que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero; el vínculo de nacionalidad me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua y, por ende, de la América Central y de todo el Continente de nuestra habla, sin importarme que los pesimistas y los cobardes me den el título que a su calidad de eunucos más les acomode.

Consideramos que:
1.

Nicaragua atraviesa uno de sus momentos históricos más difíciles. Su independencia está seriamente amenazada por la grosera injerencia del gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros, y por la imposición de las políticas económicas antinacionales y neoliberales por parte de los organismos financieros internacionales.
2.
El sistema económico impuesto a Nicaragua es el principal responsable de la profunda crisis de miseria que vive la gran mayoría del pueblo nicaragüense. La democracia ha sido confiscada por el mercado y la clase política del país ha naufragado en la corrupción, el nepotismo, el caudillismo y el latrocinio.
3.
El gobierno que padece el pueblo nicaragüense no representa los intereses del país. El Presidente Enrique Bolaños se ha sometido expresamente a los dictados de la política imperialista norteamericana y ha renunciado a defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Por el contrario, ejerce el poder para privilegiar los intereses oligárquicos y de los grupos financieros, en contra de los millones de compatriotas que se debaten en la miseria y en la impotencia.
4.
El pueblo nicaragüense carece de interlocutores políticos auténticos para defender sus intereses. Los partidos políticos han sucumbido a las ambiciones, la corrupción y las necesidades personales de sus dirigentes. Lejos de su papel de catalizadores de los legítimos intereses de los ciudadanos según su ideología, los partidos han dejado de ser representativos hasta de sus propias bases, excluidas de las decisiones de sus cúpulas y sometidas con el trillado argumento que disentir es atentar contra la unidad, para mantenerlas en la pasividad frente a los atropellos de los grupos que detentan el poder.
5.
La institucionalidad democrática ha sido pisoteada por los gobernantes, los grandes empresarios, las transnacionales extranjeras y las cúpulas partidarias. Los poderes del Estado son rehenes de intereses económicos y políticos, ajenos a los de las grandes mayorías. La Asamblea Nacional ya no es un foro parlamentario y la mayoría de los diputados ignora deliberadamente las demandas ciudadanas en todos los temas legislativos. La Corte Suprema de Justicia y los tribunales viven permanentemente sometidos a presiones para que ocupen sus funciones para salvaguardar los intereses del mercado y de los caudillos, y dejar indefensos a los ciudadanos. El Consejo Supremo Electoral es una maquinaria de despilfarro dedicada a administrar una ley excluyente y antidemocrática.
6.
El gobierno y los dirigentes de los partidos políticos violan cotidianamente el precepto constitucional del carácter laico del Estado nicaragüense. Para defender sus intereses de grupo, someten al país –especialmente a las mujeres– a los dictados de los grupos religiosos más reaccionarios y atrasados, quienes en nombre de Dios pretenden perpetuar el atraso cultural, la ignorancia, la intolerancia, el egoísmo y el fatalismo como políticas de Estado.
7.
La corrupción continúa en todas las esferas del Estado y en la sociedad. Los megasalarios devengados por los diputados, magistrados y los principales funcionarios del Estado, encabezados por el propio Presidente, son una carga onerosa e insoportable y ofende al pueblo que vive en condiciones paupérrimas. El sistema ha legalizado el tráfico de influencias, el financiamiento ilegal de las campañas electorales de los partidos políticos y pretende consumar la entrega de los principales recursos naturales del país, incluyendo el agua, a empresas extranjeras. El sistema subordina los intereses del país y del pueblo, a las fabulosas ganancias de los banqueros, los oligarcas y los grandes comerciantes.
Proclamamos:
1.
Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre. Así como hace 76 años el General Sandino y sus campesinos descalzos pusieron fin a la intervención armada de Estados Unidos, hoy, en pleno siglo XXI, somos nosotros, ciudadanos y ciudadanas que amamos Nicaragua, los hambrientos, los despojados de presente y futuro, las víctimas del terrorismo neoliberal, quienes estamos convocados para construir un país solidario donde efectivamente el interés fundamental sea el bienestar y la felicidad de cada nicaragüense.
2.
Otra Nicaragua es posible. Sólo el esfuerzo colectivo y coordinado de todos los sectores sociales, será capaz de crear una nueva economía, una nueva democracia y nuevas relaciones entre los seres humanos que habitamos este país. Para ello, es necesaria una   nueva conciencia, que propicie la convergencia de personas, grupos, sectores y organizaciones populares, uniendo y juntando voluntades para el cambio y transformación de nuestra realidad.
3.
Optamos por la solución política integral de los graves problemas que afectan a nuestra Patria, y rechazamos enérgicamente cualquier forma de golpe de Estado, sea éste militar o institucional. Exhortamos a las fuerzas armadas, a mantener su profesionalismo y dignidad, tanto en su estricto apego al marco constitucional como en la defensa de sus propias instituciones al servicio de los intereses nacionales.
4.
Exigimos al gobierno romper los lazos de subordinación con el gobierno de Estados Unidos. Esto significa, entre otras muchas cosas, retirar inmediatamente las tropas nicaragüenses que se han sumado a la ocupación de Irak y asumir la defensa intransigente de la producción nacional y de los intereses de los campesinos y de los trabajadores, en las negociaciones para cualquier tratado de libre comercio.
5.
Exigimos el castigo a los corruptos. Todo acto de corrupción debe ser investigado, probado y sancionado, y sus responsables deben ser ejemplarmente castigados y condenados a prisión efectiva. Ningún funcionario o ex funcionario del Estado acusado de corrupción, puede gozar de un trato privilegiado.
6.
El comportamiento de las cúpulas de los dos principales partidos del país, ha estado marcado en los últimos años por el afán reeleccionista de sus caudillos. Con su actitud, han subordinado los propios intereses legítimos de sus partidos a los personales, deformando su quehacer político. Por ello, nos oponemos a la reelección presidencial en cualquier período, pues la historia demuestra que esa es una manera de prolongar las dictaduras políticas de los caudillos y corroe los cimientos democráticos de nuestra sociedad.
7.
En el último de sus actos antidemocráticos, las cúpulas del Partido Liberal Constitucionalista y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezadas respectivamente por Arnoldo Alemán Lacayo y Daniel Ortega Saavedra, han pactado reformas constitucionales, entre otras decisiones políticas. Ambos caudillos usurpan la voluntad de las mayorías bajo una pretendida representación electoral, para consolidar un nuevo tipo de dictadura y propician las condiciones objetivas para sumir al país en una nueva espiral de violencia.
8.
El país necesita de una drástica reforma integral del modelo de sociedad en el cual se desarrolla. Esa reforma no podrá alcanzarse en el marco de las instituciones actuales del Estado ni mediante los pactos entre los caudillos políticos. Por el contrario, exige de la participación activa de todos los sectores ciudadanos. Los nicaragüenses tenemos el derecho de ser consultados y toda reforma del marco jurídico, requiere del respaldo mayoritario explícito de la mayoría, a través de un Referéndum. Si la soberanía nacional reside en el pueblo, el Referéndum es una libertad política fundamental que debe ponerse en práctica para aprobar o rechazar cualquier reforma constitucional.
9.
El poder judicial está severamente cuestionado por muchas decisiones reñidas con la justicia. Exigimos a las autoridades judiciales proceder de acuerdo al derecho y la justicia, y abandonar todo tipo de subordinación a los intereses partidarios, económicos o de otros poderes del Estado. Las sentencias dictadas por juezas como Gertrudis Arias y otros judiciales y magistrados honestos, demuestran que es posible actuar con imparcialidad sin importar la ideología de los judiciales. La integridad, la honradez y el conocimiento cabal del derecho, deben ser los principales requisitos para integrar los tribunales a todos los niveles. Si administrar justicia en función de intereses partidarios es nocivo, peor es hacerlo para complacer al gobierno de turno o rindiéndose ante el soborno de los poderosos señores del dinero. Por ello, es imprescindible garantizar la total independencia del poder judicial de los otros poderes del Estado y de las perniciosas influencias de los grupos económicos o de las cúpulas partidarias.
10.
El caso de Henry Ruiz Hernández es el típico ejemplo de cómo no se debe impartir justicia y cuánto desprestigio acarrea al poder judicial, cuando los jueces se subordinan a los dictados de los grupos con los cuales se identifican. En este sentido, expresamos nuestro total respaldo a Henry Ruiz Hernández, una víctima más de las decisiones arbitrarias del poder judicial, y demandamos a la autoridad correspondiente ajustar sus decisiones a los hechos y a las leyes. No es posible que mientras a ciudadanos honrados y decentes se les condene a prisión, queden en libertad los corruptos, como es el caso de Arnoldo Alemán Lacayo.
11.
Denunciamos que el gobierno de Estados Unidos se propone implantar en Nicaragua la persecución política. Es inaceptable la pretensión antidemocrática, dócilmente asumida por el Presidente Bolaños y los liberales, de expulsar de todas las esferas del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios que no comparten su ideología ni se someten a sus dictados. Si se consuman tales despropósitos, los nicaragüenses tenemos el legítimo derecho a la rebelión para garantizar las libertades democráticas.
12.
Proponemos a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos honrados, grupos, gremios y organizaciones de cualquier tipo, sin importar sus orígenes políticos, ideológicos, religiosos o partidarios, desatar un movimiento popular autónomo y, eventualmente, convocar a una Conferencia Nacional por una Patria Libre, en la cual se reúnan todos los vigores dispersos para definir acciones que nos permitan defender las libertades democráticas y la soberanía nacional, y   alcanzar la justicia social.
13.
Nos reservamos el derecho cívico a la desobediencia civil, para promover la profunda reforma de todo aquello que entorpece el desarrollo de nuestra sociedad y romper los mecanismos excluyentes de fabricación de consensos artificiales que, en la práctica, se convierten en la dictadura de las minorías corruptas sobre las mayorías empobrecidas. En las actuales circunstancias, la desobediencia civil es un acto de lealtad para con la Patria y con el pueblo».